La libertad monetaria en Argentina: hacia la soberanía patrimonial del individuo
La libertad monetaria en Argentina avanza con reformas clave del gobierno de Javier Milei. Análisis profundo sobre la dolarización de facto, el uso libre de dólares y el impacto en la economía real.
El retorno de la racionalidad monetaria
La historia económica de las naciones es, en gran medida, la historia de su relación con el dinero. Allí donde el ciudadano ha sido despojado de su derecho natural a elegir libremente la moneda con la cual transaccionar y preservar su riqueza, han proliferado la inflación, la pobreza, y el empobrecimiento institucional. Argentina, lamentablemente, ha sido paradigma de este fenómeno durante décadas.
Sin embargo, los vientos de cambio soplan con una intensidad renovadora. Bajo el gobierno de Javier Milei, asistimos al primer intento serio de restaurar el orden espontáneo de una economía libre, en la cual el derecho de propiedad, la privacidad financiera y la libre elección de moneda ocupan el sitial que jamás debieron perder. Esta reflexión se fundamenta no solo en el análisis económico riguroso, sino también en la experiencia empírica del ciudadano argentino común: aquel que, ante el caos monetario, ha elegido espontáneamente refugiarse en el dólar como única medida fiable de valor.
La economía ya está dolarizada
Los datos son inapelables. La totalidad de la base monetaria argentina en pesos asciende a menos de 40.000 millones de dólares, mientras que los argentinos poseen activos en dólares por un valor cercano a los 400.000 millones, incluyendo más de 200.000 millones en efectivo no bancarizado.
Esta asimetría no es accidental, sino expresión de una verdad económica profunda: el sistema monetario argentino ha colapsado en la práctica, aunque formalmente siga operando. Los ciudadanos han declarado, mediante sus actos cotidianos, su preferencia revelada por la moneda fuerte, traída voluntariamente al margen de todo aparato coercitivo estatal. Tal como ha escrito Ludwig von Mises, "el dinero es una institución del mercado, no del Estado".
No estamos, por tanto, ante un escenario que demande dolarización: ya existe una dolarización de facto, erigida espontáneamente por millones de individuos actuando racionalmente en defensa de su patrimonio.
La represión financiera: génesis del ocultamiento patrimonial
La pregunta entonces es: ¿por qué esa inmensa masa de capital en dólares permanece fuera del circuito económico formal?
La respuesta es sencilla y trágica: por miedo al Estado. No al Estado de Derecho, sino al aparato fiscalista devenido en Leviatán tributario. Durante décadas, el contribuyente argentino ha sido sometido a un entramado kafkiano de controles, informes, sanciones, y confiscaciones que han erosionado no sólo su riqueza, sino también la confianza en el sistema.
“Son dólares que los argentinos mantienen en liquidez, renunciando por tanto a la rentabilidad que podrían obtener sobre ellos, porque no confían en marco institucional de la Argentina.”
La figura del Estado policial financiero ha reemplazado al orden legal liberal. Cada transacción, cada transferencia, cada adquisición, ha sido hasta ahora un acto sujeto a vigilancia y sospecha. La economía sumergida no es un fallo del mercado, sino una reacción de autodefensa ante un orden jurídico hostil.
El derecho a usar lo propio sin delación
El nuevo marco regulatorio implementado por la administración de Javier Milei representa un quiebre con décadas de parasitismo fiscalista. Bajo el axioma “tus dólares, tu decisión”, se deroga de facto la fiscalización omnipresente de la actividad monetaria privada. A partir de ahora:
Las operaciones con tarjetas de crédito no serán reportadas al fisco.
Los concesionarios de vehículos no deberán informar al Estado los pagos recibidos.
Los administradores de fincas, notarios y empresas de servicios públicos cesan su función de delatores fiscales.
Los bancos no reportarán saldos ni transferencias por debajo de los nuevos y racionales umbrales de 50 millones de pesos.
Se trata, en términos estrictos, de una devolución de soberanía al individuo. El ciudadano deja de ser objeto de sospecha para convertirse nuevamente en sujeto de derecho. El principio liberal clásico resurge: la propiedad no requiere justificación. Es el poder de disposición sin permiso.
Efectos económicos esperados: de la liquidez ociosa a la inversión productiva
Si el ahorro en dólares representa, como hemos constatado, la principal reserva de liquidez del país, la liberación de su uso sin vigilancia implica una expansión monumental del capital disponible para la inversión interna.
Como expuse previamente: “Es clave que los argentinos puedan utilizar con normalidad toda esa enorme reserva de dólares que tienen ahorrada [...] porque todas esas reservas de dólares son ahorro de los argentinos que no se está transformando en inversión productiva dentro del país.”
Aquí se produce una doble virtud. Por un lado, se destruye el incentivo a operar en la informalidad. Por otro, se habilita un proceso de capitalización nacional sin necesidad de deuda externa ni subsidios internacionales. Es la escuela austriaca en acción: el ahorro voluntario se convierte, vía propiedad protegida, en inversión real.
El problema pendiente: inseguridad jurídica y retroactividad
Ahora bien, la reforma es profunda pero no total. Subiste un escollo normativo fundamental: el fisco argentino mantiene la facultad de auditar retroactivamente a los ciudadanos durante un plazo de cinco años. Este dato no es menor.
Aunque el gobierno actual renuncie a dicha potestad, su mera existencia en la legislación vigente impide la consolidación de una verdadera confianza jurídica. Nadie racional movilizará sus ahorros si existe la posibilidad, aunque remota, de ser perseguido por un futuro gobierno con ideología confiscatoria.
La conclusión es clara: la libertad monetaria requiere blindaje legal, no solo voluntad política. La seguridad jurídica debe estar inscrita en la ley, no subordinada a la discrecionalidad del ejecutivo de turno.
Condiciones para una institucionalización irreversible
Para que Argentina se convierta en un modelo internacional de monetización liberal basada en decisiones individuales, es imperativo:
Derogar las normas que permiten inspección retroactiva.
Garantizar jurídicamente la no criminalización del uso de divisas no declaradas.
Establecer principios constitucionales que reconozcan la libertad monetaria como derecho natural del ciudadano.
Si, como se espera, en las próximas elecciones legislativas el oficialismo obtiene una mayoría parlamentaria suficiente, esta reforma podrá completarse. De lo contrario, el proceso quedará incompleto, vulnerable al vaivén de la coyuntura política.
La gran oportunidad histórica argentina
Argentina dispone hoy de una ocasión irrepetible. Por primera vez en su historia moderna, se conjugan una ciudadanía informalmente dolarizada, un gobierno ideológicamente liberal y una reforma legal orientada a restituir la autonomía económica del individuo.
Este es el camino de la civilización, tal como lo describió Hayek: la evolución de instituciones que favorecen el orden espontáneo, el respeto a la propiedad, y la libertad de elección. Si Argentina persevera en esta vía, podrá no solo salir de su decadencia, sino también erigirse en modelo de transición pacífica hacia una sociedad liberal plenamente funcional.
Como he sintetizado anteriormente: “Tus dólares, tu decisión. No la del gobierno o la de los inspectores del fisco, sino tu decisión.” Esa frase, lejos de ser un lema propagandístico, resuena como un manifiesto filosófico. Una declaración de soberanía individual que sella el fin del Estado financiero inquisitorial.