El suicidio fiscal del gobierno: Aumento de retenciones a la soja y el maíz
El Gobierno sube retenciones a soja y maíz, dañando inversión, producción y propiedad privada.
El reciente anuncio del gobierno argentino, oficializado en el Boletín Oficial del 27 de junio de 2025, que dispone el aumento de las retenciones a la soja del 31% al 33% y al maíz del 7% al 15%, representa un error de política económica de primer orden.
Esta medida no solo es contraproducente desde el punto de vista de la eficiencia estática, sino que constituye un ataque directo a la estructura de capital del país y a la viabilidad de su proceso de coordinación intertemporal de mercado.
Distorsión de precios relativos
En el plano microeconómico, las retenciones operan como un impuesto específico a las exportaciones, distorsionando los precios relativos entre bienes transables y no transables. El productor argentino ya no toma decisiones productivas en función de los precios internacionales y de sus costes internos, sino condicionado por un precio artificialmente reducido por la acción fiscal del Estado.
La consecuencia inevitable de esta distorsión es una reducción en la oferta agregada de los bienes gravados, especialmente de aquellos con mayor elasticidad en la oferta, como el maíz. La estructura de precios deja de reflejar la verdadera escasez relativa de los factores, lo que conduce a una asignación subóptima de recursos desde el punto de vista del bienestar social.
Efectos intertemporales sobre la estructura de capital
Desde la perspectiva de la teoría del capital, este aumento de la carga fiscal sobre el sector agroexportador implica una reducción de la tasa interna de rentabilidad del capital invertido en dichas actividades. Esto genera un doble efecto negativo:
Al reducirse la rentabilidad neta esperada, se desincentiva la reinversión de utilidades en mejoras tecnológicas, incorporación de maquinaria, ampliación de superficie cultivada y prácticas de manejo sostenible.
El flujo de fondos disponible para el mantenimiento y reposición del capital circulante y fijo disminuye. En términos reales, esto implica una reducción en la dotación de bienes de capital heterogéneos necesarios para la producción futura, deteriorando el stock de capital del país.
El resultado es una contracción de la estructura productiva de mayor orden temporal, afectando directamente los procesos de maduración de inversión a largo plazo.
Efecto en la coordinación intertemporal y la preferencia temporal del sistema económico
Al penalizar fiscalmente a los sectores más intensivos en capital y más orientados al mercado externo, el gobierno está induciendo una artificial elevación de la preferencia temporal agregada del sistema económico.
Esto implica un sesgo hacia procesos productivos más cortoplacistas, de menor intensidad de capital y de menor complejidad tecnológica.
El efecto de segunda ronda será una disminución de la productividad total de los factores, una caída del ingreso per cápita y un deterioro sostenido de la capacidad de crecimiento económico del país.
Ilusión fiscal y curva de Laffer al agro
Desde el plano de la teoría de la imposición, el gobierno incurre en la clásica falacia de la “ilusión fiscal estática”. Cree que aumentando la alícuota aumentará linealmente la recaudación. Ignora, sin embargo, los efectos de base imponible, elasticidades y comportamiento evasivo o elusivo del contribuyente.
A la luz de la curva de Laffer, es previsible que este aumento de alícuotas provoque una caída en las cantidades exportadas, una mayor subdeclaración de operaciones, desplazamiento de producción hacia mercados no formales o incluso abandono de superficies cultivables.
La presión fiscal marginal ha superado, con esta medida, el umbral de sostenibilidad para un amplio segmento de productores.
La incompatibilidad con un programa de consolidación fiscal de largo plazo
Paradójicamente, esta medida erosiona la propia base fiscal futura. La contracción de la actividad agropecuaria reducirá los ingresos por retenciones a mediano plazo, pero también afectará la recaudación de impuestos asociados: ganancias, IVA, impuestos provinciales y tasas municipales vinculadas al ciclo agroindustrial.
Desde el punto de vista del equilibrio presupuestario intertemporal, estamos ante un clásico caso de “pan para hoy, hambre para mañana”.
Violación sistemática del derecho de propiedad
Desde una perspectiva de filosofía política y derecho económico, la medida constituye una confiscación coactiva del fruto del trabajo ajeno.
La propiedad privada sobre el resultado de la producción agropecuaria queda subordinada a la discrecionalidad recaudatoria del Estado.
Esta lógica tributaria es más propia de regímenes extractivos predatorios que de una economía de mercado moderna orientada a la libertad individual y el respeto de los derechos fundamentales.
Un error técnico, moral y estratégico
El aumento de retenciones no solo contradice todos los principios de buena teoría económica –eficiencia, neutralidad fiscal, no distorsión de precios relativos y respeto a la propiedad privada– sino que representa una claudicación política del proyecto original que prometía liberar a la economía argentina del yugo impositivo.
La única vía consistente con un programa de crecimiento sostenible es la reducción drástica del gasto público, la eliminación de impuestos distorsivos y el respeto irrestricto a la propiedad privada. Lo que el gobierno acaba de hacer es exactamente lo contrario.